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EL PROTOCOLO DE KIOTO

 

El Protocolo de Kioto lleva camino de ser más conocido que el tratado del que emana, pero no es más que la primera concreción, en cantidades y fechas, del compromiso adquirido por 180 países en 1992 en Río de Janeiro, durante la histórica Cumbre de la Tierra convocada por la ONU, bajo la forma del Tratado sobre Cambios Climáticos. 

Este tratado implica tomar medidas para evitar o al menos mitigar los efectos de un previsible cambio climático inducido por el aumento de la temperatura global debido a las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial.

El protocolo fue aprobado en la ciudad japonesa de Kioto en 1997, al término de maratonianas sesiones, y afecta a los países desarrollados, que se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% de media en el periodo 2008-2012 respecto a los niveles de 1990. 

Estados Unidos y Europa se comprometieron a una reducción mayor (del 7% y el 8% respectivamente). Se estima que los países más ricos del mundo, con un 20% de la población total, emiten más del 60% de los de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

Disposiciones del Protocolo de Kyoto y sus normas

El Protocolo de Kyoto de 1997 tiene los mismos objetivos, principios e instituciones de la Convención, pero refuerza ésta de manera significativa ya que a través de él las Partes incluidas en el anexo I se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo las partes en la Convención que sean también partes en el Protocolo (es decir, que lo ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a él) estarán obligadas por los compromisos del  Protocolo, cuando entre en vigor. Los objetivos individuales para las Partes incluidas en el anexo I se enumeran en el anexo B del Protocolo de  Kyoto. Entre todos suman un total de  recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5% con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de compromiso de 2008-2012.

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